La regulación jurídica de la contaminación acústica ha recibido una especial atención en la doctrina española, sobre todo desde la aprobación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre de Ruido, que se dictó en transposición de la Directiva 2002/49//CE del Parlamento y del Consejo, de 25 de junio de 2002. Hasta la probación en 1996 del Libro Verde sobre la futura política comunitaria del ruido, las iniciativas normativas sobre la materia consistían en regulaciones fraccionadas en diversas directivas que regulaban los niveles de ruido permitidos en la fabricación de distintos productos destinados al comercio intracomunitario.
Algunas de las propuestas planteadas en dicho documento como el intercambio de información, la elaboración de un
cartografiado del ruido o la información al público, sirvieron de base para la aprobación de la mencionada Directiva mediante la que se persigue crear un marco común europeo para la evaluación del ruido, en orden a lograr una acción más efectiva.